El Gobierno elimina la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI) y transfiere su gestión a las provincias
El Gobierno Nacional anunció la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI), un trámite obligatorio para conductores de transporte de cargas y pasajeros entre provincias. A partir de ahora, la responsabilidad de otorgar estas licencias recaerá en las jurisdicciones provinciales, lo que permitirá adaptar los procesos a las necesidades locales y agilizar los trámites.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la medida durante una conferencia de prensa y destacó que esta decisión busca simplificar los procesos, reducir costos y eliminar barreras burocráticas para los conductores y empresas del sector. Hasta ahora, obtener la LINTI costaba alrededor de 500.000 peso mientras su renovación costaba 250.000 pesos. “Esto se termina”, afirmó Adorni, subrayando que el cambio beneficiará directamente a los transportistas.
Con la eliminación de la LINTI, se modifica también el proceso de certificación. Los cursos teórico-prácticos y los exámenes de aptitud psicofísica ya no estarán limitados a centros habilitados por el Estado nacional. En su lugar, podrán ser brindados por prestadores públicos y privados registrados ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Esta ampliación de la oferta promueve un entorno más competitivo, lo que podría derivar en una reducción de costos para los transportistas.
Además, se resolvió un problema frecuente para los conductores: el cambio de domicilio. Anteriormente, si un conductor modificaba su residencia, debía renovar su licencia, lo que implicaba costos y demoras adicionales. Con la nueva normativa, la licencia profesional mantendrá su validez independientemente del cambio de domicilio registrado en el DNI, lo que brindará mayor estabilidad y previsibilidad a los trabajadores del sector.
La eliminación de la LINTI y la descentralización de los trámites representan un alivio significativo para el sector del transporte interjurisdiccional, que enfrentaba altos costos y procesos burocráticos complejos. El Gobierno espera que estas medidas no solo simplifiquen los trámites, sino que también potencien la eficiencia y competitividad del sector.
